La implementación del modelo de justicia procesal penal acusatorio adversarial adoptado por el Estado mexicano como consecuencia de la reforma constitucional de 2008, exige el desarrollo de acciones que van desde informar a la población sobre qué son y para qué sirve cada una de las instituciones involucradas, la capacitación especializada de los operadores, así como la construcción y el equipamiento de espacios dignos.

Nos encontramos ante una coyuntura sin precedentes en la historia reciente, frente a la oportunidad de fortalecer, dignificar y profesionalizar los sistemas de procuración e impartición de justicia en materia penal, en el que los distintos operadores del sistema, organismos de la sociedad civil, universidades y sociedad en general tenemos, desde los diferentes ámbitos de intervención, un largo camino por recorrer.

Como consecuencia de la incorporación de los mecanismos alternos de solución de controversias (MASC) en el texto del artículo 17 Constitucional, estos métodos se han consolidado en el sistema judicial mexicano como una alternativa de alta calidad (en tanto que atienden eficazmente los intereses y las necesidades de las partes), con una importante reducción de tiempos y costos, tanto para los involucrados en un conflicto como para el estado.

Se han constituido como una vía esencial para el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia.

La mayor fortaleza institucional se deposita en nuestro Claustro de Docentes, provenientes de los sistemas de procuración e impartición de justicia de las diferentes entidades de nuestro País, con el claro propósito de que los transmisores de conocimiento sean actores de la realidad jurídica y constituyan un vínculo de los alumnos con la práctica profesional cotidiana.

Buscamos la excelencia académica y la vinculación de nuestros alumnos con las instituciones públicas y privadas que representan áreas de oportunidad en el desarrollo de su vida profesional.